Por Hiram A. Cervantes
Dos errores no hacen un acierto. El caso de la exjueza Martha Eugenia Magaña López lo pone en perspectiva. El primer error ciertamente lo comete el gobierno Morenista al proponer, legislar y emitir la Reforma Judicial. El segundo lo comete Martha Magaña al violar la Ley de Amparo y conceder una suspensión improcedente para intentar bloquear el procedimiento legislativo de esa reforma. En suma, 0 aciertos.
Ahora, el recién creado (y cuestionable) Tribunal de Disciplina ha iniciado un procedimiento en contra de dicha juzgadora con motivo de su ilegal actuar. A estas alturas, no se puede seguir cometiendo errores, pues estos, de esa magnitud, lesionan la certeza jurídica y el funcionamiento regular del Estado. Aquí hay que hacer un análisis neutro, objetivo y sin tapujos.
Me parece que la Reforma Judicial fue una pésima idea. A poco más de dos años de ella, nada ha cambiado para bien, nada ha mejorado en la justicia federal. La Suprema Corte no se ha acercado al pueblo, “sesionando en territorio” (más que una vez) ni ha resultado más barata ni más eficiente. ¿El resto del Poder Judicial Federal (PJF)? Está peor. No se han resuelto los problemas previos, sino que se tienen más. Tómese en cuenta que se están tardando eternidades en resolver los juicios pendientes desde hace dos años. Pero, eso también fue provocado por el propio personal del PJF, pues se fueron a paro por 58 días, retrasando miles de juicios; 58 días donde personas vivieron en incertidumbre, aún con sentencias en firme; 58 días en que los litigantes no podían iniciar ni cobrar nuevos juicios, siendo su forma de subsistir. Tal proceder fue profundamente ilegal porque los trabajadores del PJF no tienen derecho a huelga ni a parar sus actividades.
Hay un principio de origen romano: “Dura lex, sed lex”. La Ley es dura, pero es la Ley. Parece un dicho popular; es una norma jurídica.
Será incorrecta y hasta peligrosa la existencia de un Tribunal de Disciplina Judicial, pero esa fue la Ley que se votó y aprobó en el congreso. Igualmente, se podrán sentir indefensos el personal del PJF; sin embargo, la constitución es clara: no son simples trabajadores y no tienen derecho a suspender en protesta sus funciones ni deberes.

Hay formas de cuestionar una ley injusta. Pero, no existe forma válida para detener una Reforma Constitucional. Pueden haber teorías y líneas de pensamiento que proponen la posibilidad de analizar “la constitucionalidad de una reforma constitucional”, pero no existe precedente alguno que autorice a un juez de distrito a resolver lo que hizo la Exjueza Magaña. Tan es así que ni ella pudo invocar precedente que sustentara su fallo. Y es que la jurisprudencia en firme de la Suprema Corte respalda que el juicio de amparo es improcedente en contra de reformas a la Constitución (artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo).
No soy ajeno a las sentencias tan creativas como valientes. Hay veces que se requiere cuestionar el marco jurídico para llegar a la justicia: como en casos tan antiguos y distantes como de Marbury VS Madison (EUA, 1803) hasta la Sentencia del Expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de la Nación. Pero Martha Magaña no es el ministro Cossío ni el Juez Warren.
Encontré la resolución de fecha 30 de agosto de 2024 del Incidente de Suspensión con el que Martha Magaña pretendió suspender el debate legislativo (juicio de amparo indirecto 1251/2024). Es pobre y mediocre en su argumentación. Está tan mal hecha la resolución que omitieron censurar el nombre de una de las quejosas en la versión pública (quien es una jueza penal en Morelos que sigue ejerciendo el cargo).
Concretamente, Martha Magaña concedió la suspensión para los siguientes efectos:
-No surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Federal, en particular los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122, discutido y aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, por la Comisión de Puntos Constitucionales.
-Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura.
Pongámonos técnicos. La resolución, primeramente, adolece de no sustentar la verificación de los supuestos que condicionan la procedencia de la suspensión, en términos de los artículos 125, 126 y 128 de la Ley de Amparo. Ello porque no existe peligro a la vida, libertad ni integridad física de los quejosos para sustentar su urgencia y decretarla de oficio; pero tampoco se verificaba agravio en contra de los quejosos (jueces del PJF), pues la norma no se había aprobado aún; tampoco se verificaba la apariencia del buen derecho, siendo éste el análisis preliminar de que el quejoso tuviera razón en sus argumentos, pues el juicio de amparo es improcedente contra reformas constitucionales. En cambio, la suspensión sí violenta el interés social y el orden público al pretender impedir que el legislador (como constituyente permantente) cumpliera su función constitucional de discutir y legislar las iniciativas que se sometan a consideración. Ello sí violentaba la regularidad normativa del sistema democrático que consagra la propia Constitución que disque pretendía proteger Martha Magaña.
En segundo lugar, resultaba hipócrita esa resolución. Como litigante, he tenido casos más claros en los que procedente la suspensión en amparo indirecto contra normas y el juez de distrito no se ha aventado ese galimatías para concederla. Es cuestionable el interés particular, privado y viciado que le llevó a dictar la suspensión; pues no se puede sostener un juicio imparcial si el propio juzgador se beneficia de lo que resuelve. Por más que pretenda Martha Magaña hacerse pasar por niño héroe y saltar desde el Castillo de Chapultepec con la bandera, son cuestionables sus intereses e intenciones al dictar semejante resolución. Un juez prudente hubiere aplicado la ley o se hubiera excusado del asunto. En el parlamento Británico, cuando rara vez se llega a un empate en una votación relevante, el Speaker (como el presidente de la cámara) tiene el voto decisivo, pero nunca lo ejerce en favor de lo que se vote porque su Constitución le obliga a debatir el tema y solo resolverlo con una mayoría que no sea artificial al caer en una sola voluntad. Esa prudencia y ese rigor falta en México y Martha Magaña desperdició la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias.
Con todo ello, difiero de lo que se ha dicho en medios masivos de información. Periodistas como Azuzena Uresti y Ciro Gómez Leyva aquí, en este tema, sí se equivocan y dejan ver un sesgo incorrecto. No todo lo que hace el oficialismo, aun en el PJF, es incorrecto. No existen bandos en el campo jurídico; yo mismo no concuerdo con mucho de lo que ha pasado, pero ello no implica que mis argumentos y mi visión jurídica deba torcerse para justificar mi tendencia política.
El único punto que creo está en defensa de la Exjueza es la falta de competencia del Tribunal de Disciplina Judicial para juzgar de tales hechos, previos a la reforma que le dio origen (irretroactividad de la Ley). Como en los juicios de Nuremberg o los de Tokio, creo que es cuestionable que un Tribunal creado a posteriori tenga la facultad de juzgar hacia el pasado. Habría que entrar a otro estudio particular para ese detalle que no da espacio en esta ocasión; no obstante, dibujo meridianamente esa idea y potencial argumento, pues tampoco estoy convencido de lo que está pasando en este caso. ¿Tres errores sí juntarán un acierto?
Hiram A. Cervantes. Escritor y litigante mexicano
































