Por René Sánchez Juárez
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la resolución de Ueno Bank, un banco digital que concentraba cerca de 2,9 millones de clientes —casi la mitad de la población del país, estimada en 6,5 millones— y administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos de pensiones y entidades estatales. La medida se tomó tras detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo regulatorio, producto de ajustes en sus estados financieros, créditos excesivos a empresas del mismo grupo empresarial y una gestión deficitaria. El cierre congeló el acceso a ahorros de millones de paraguayos, generó protestas masivas en Asunción y puso en evidencia vínculos problemáticos: el entonces presidente Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025 y nombró en 2023 a Carlos Carvallo como titular del BCP.
Ante la presión social y la pérdida de respaldo de su propio Partido Colorado, Peña anunció su renuncia el 5 de noviembre. El Congreso, sin embargo, rechazó la dimisión y avanzó con el juicio político. El 6 de noviembre el Senado lo destituyó por unanimidad (44 votos a favor de 45), lo que le retiró la inmunidad. Inmediatamente se dictaron órdenes de aprehensión. Peña fue detenido, compareció ante fiscales y fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio; se le ordenó detención en una base militar. Carvallo enfrentó cargos similares y se entregó. La Fiscalía emitió órdenes contra al menos 27 ejecutivos y directivos, entre ellos el CEO Miguel Vázquez y otros miembros de la cúpula de Ueno; varios ya se encontraban en prisión preventiva. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028. Las autoridades activaron el Fondo de Garantía de Depósitos y comenzaron a devolver fondos a más de un millón de clientes.
La crisis deja secuelas económicas y políticas profundas: interrupción de pagos, impacto en empresas del grupo, erosión de la confianza en el sistema financiero y cuestionamientos sobre la supervisión estatal. Aunque calificadoras como S&P no anticiparon un efecto inmediato en la nota soberana, el episodio expuso debilidades institucionales.
En el plano regional, la caída de Peña —figura de la derecha pro-mercado y aliada de Estados Unidos— se suma a una secuencia de reveses para la ultra derecha. Tras la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil y los resultados de las elecciones en Estados Unidos, el desenlace paraguayo refuerza la percepción de un momento de contracción para ese espacio político en América Latina, marcado por escándalos de gobernanza y demandas de mayor transparencia. Paraguay enfrenta ahora el reto de estabilizar su economía y reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones.
René Sánchez Juárez es politólogo y maestro en Ciencias Políticas. Es académico de la BUAP. Dirigente FROC-Puebla.
