A lo largo de los siglos, la humanidad ha inventado maneras diversas de señalar, estigmatizar y exponer a determinados grupos al escarnio público, recurriendo al poder simbólico de la vestimenta, los signos visibles o los propios cuerpos como lienzos de humillación. Desde la campana colgada al cuello del leproso en la Edad Media hasta el “A” escarlata que marcaba a la mujer adúltera en la puritana Nueva Inglaterra; desde la estrella amarilla que cosían a los judíos bajo el nazismo hasta los brazaletes de colores que distinguían a homosexuales, comunistas y romaníes en los campos de concentración; desde las cicatrices de hierro grabadas en la piel de los esclavos antiguos hasta los tatuajes numéricos de los prisioneros de Auschwitz; desde el traje de San Benito impuesto a los herejes por la Inquisición hasta los uniformes de reeducación que asolaron las granjas de trabajo forzado en la Cuba de los años sesenta: en todas esas prácticas subyace la misma voluntad de despojar al individuo de su dignidad, reducirlo a un estereotipo y, con ello, justificar su exclusión o su represión. Hoy, en Puebla, se discute imponer chalecos y cascos con placas estampadas a los motociclistas; una medida que, bajo el pretexto de la seguridad, reproduce ese repertorio ancestral de humillación y vigilancia masiva.
Obligar a llevar en el chaleco y en el casco un número de placa constituye más que una norma de tránsito; es un mapa de sospechas que se adhiere al cuerpo y lo convierte en un blanco móvil. Nadie ignora que a lo largo de la historia, las autoridades han buscado con estos símbolos manipular el miedo y el control social: el hierro candente sobre los esclavos en el Imperio Romano o en las haciendas coloniales, la rinotomía aplicada a las mujeres acusadas de adulterio en Bizancio y en otros rincones del mundo, los collares de hierro que ataban a los siervos fugitivos en la Europa medieval. Aquellas marcas grabadas sin consentimiento eran anuncios de poder absoluto; hoy, el chaleco numerado tendría el mismo efecto de individualizar la sospecha, de abrir paso a los abusos policiales y a la extorsión, cuando no a la violencia explícita.
El ejemplo de los leprosos que portaban matracas para advertir de su presencia no parece muy distinto de la propuesta poblana: ambos suponen que la sola visibilidad de un rasgo diferencia a unos de otros, multiplicando el señalamiento social. En la Castilla del siglo XIII, los judíos debían cubrirse la cabeza con un distintivo que los convertía en ciudadanos de segunda; en la Provenza o en Venecia se reglamentaron gorros o sombreros especiales con idéntico propósito. Más tarde, los nazis refinaron esa lógica en sus campos: la estrella amarilla para los judíos, el triángulo rosa para los homosexuales, el negro para los “asociales”, el púrpura para los testigos de Jehová, el rojo para los presos políticos, el azul para los desplazados. Cada color, cada forma, señalaba un “otro” al que ya no se le reconocía humanidad.
La memoria de esos hechos es cruelmente palpable en el tatuaje numérico de Auschwitz: arrancar el nombre de alguien y sustituirlo por un dígito es la forma más descarnada de convertir a un ser humano en una estadística desechable. ¿Acaso no es similar la lógica que cree útil identificar a un conductor de motocicleta no por su conducta, sino por su condición de portador de un chaleco con número visible? Cuando el Estado decide pintar de sospecha a todo un colectivo, su autoridad se fundamenta en el prejuicio colectivo y en la presunción de culpabilidad, y diluye los principios básicos del derecho: la presunción de inocencia y el trato igualitario.
Los antecedentes latinoamericanos y mexicanos aportan enseñanzas contundentes: en Veracruz o en la Ciudad de México, chalecos y placas numeradas no redujeron los asaltos en moto; en Colombia y Honduras, la falsificación de distintivos se convirtió en oficio criminal, mientras que los motoristas honestos quedaron expuestos a extorsiones y revisiones arbitrarias. En Cuba, los campos de trabajo forzado de la UMAP obligaron a homosexuales y disidentes a llevar uniformes que marcaban su supuesta desviación moral, mientras que en la Unión Soviética los gulags diferenciaban a los “enemigos del pueblo” con insignias de color. Ninguna de estas prácticas logró reeducar ni reducir el disenso; por el contrario, amplificó la resistencia y endureció los grados de violencia institucional.
Más allá del agravio concreto, la medida atacaría la libertad de expresión y el derecho a la identidad personal. La vestimenta, el atuendo y el estilo son formas de comunicación no verbal que definen a cada individuo y articulan su pertenencia social. Exigir un chaleco con placa es, en el fondo, imponer un mensaje de sospecha permanente: “Eres un motociclista y, por tanto, podemos desconfiar de ti”. Se reproduce así la lógica del “Nosotros” contra el “Ellos”, una lógica que ha servido para consolidar poderes hegemónicos y anular el pensamiento crítico.
La inseguridad en Puebla no se combatirá con brochazos de pintura reflectante ni con la numeración obligatoria de cascos. Cualquier reacción política que confíe en la vigilancia estética para contener la violencia ignora las raíces históricas de este problema: la desigualdad social, la corrupción en las instituciones, la impunidad y la carencia de políticas de prevención. La verdadera seguridad exige fortalecer la capacidad investigativa de la policía, modernizar la tecnología de monitoreo sin deshumanizar al ciudadano y apostar por programas sociales que desactiven las causas estructurales del delito.
Al insistir en medidas cosméticas —el chaleco y el casco numerados— las autoridades corren el riesgo de reproducir prácticas de estigmatización que la historia condena con rigor. Cuando un gobierno decide convertir a un grupo de sus ciudadanos en una señalización ambulante, está renunciando a la defensa de la dignidad humana y abrazando el atajo de la sospecha colectiva. La memoria de la esclavitud, de la Inquisición, del Holocausto, de los gulags y de las leproserías reclama que no permitamos que un chaleco o un casco sean el nuevo San Benito o la estrella amarilla del siglo XXI. La seguridad auténtica ha de basarse en la justicia, la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales, no en la huella indeleble de la desconfianza.
Miguel Ángel Martínez Barradas, académicamente tiene estudios de posgrado en literatura. Profesionalmente se ha dedicado al periodismo, a la edición de textos y a la docencia. Como creador tiene publicaciones en poesía y fotografía. En cuanto a sus intereses investigativos, éstos se centran en la literatura y filosofía grecolatinas; el Siglo de Oro español; el hermetismo; y la poesía hispanoamericana.
