ConoSer Bien
“Quisiera que los zapatos de mi hijo me llevaran a él”
Clemente Rodríguez, padre de
desaparecido en Ayotzinapa.
Dice Laura Restrepo en su libro “Demasiados héroes” (2009): “La muerte de un ser amado es cosa atroz, pero, al fin y al cabo, cerrada, concluida, sin vueltas hacia atrás ni hacia adelante. En cambio, su desaparición es una puerta abierta hacia la eterna expectativa, hacia la no respuesta, la incertidumbre, lo fantasmagórico, y no hay cabeza ni corazón humanos que puedan sufrirla sin acercarse en mayor o menor medida al delirio”.
El 21 de diciembre del 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) manifestó en la Resolución 65/209, su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en todas las partes del mundo y el incremento de denuncias por hostigamiento, maltrato e intimidación a los testigos de desapariciones o a los familiares de las personas desaparecidas.
Después de una larga deliberación en la Asamblea, se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y se declara el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el cual comenzó a observarse en 2011.
Esta fecha recuerda a todas las personas que fueron detenidas y que se encuentran en lugares ocultos, fuera de contacto con sus familiares, prensa o público en general. Se calcula que entre 1966 y 1986 unas 90,000 personas desaparecieron en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Haití y Venezuela, cifra que en muchos casos incluye a niños de corta edad y bebés nacidos mientras sus madres se hallaban sometidas al cautiverio.

Ejemplo de esto fue “El Plan Cóndor”, también conocido como “Operación Cóndor”, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores. Fue implementado oficial y formalmente el 25 de noviembre de 1975 por los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, e implementada luego por las cúpulas de los regímenes dictatoriales y gobiernos democráticos de América del Sur, a excepción de Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago.
No se ha establecido con exactitud el número exacto de víctimas de la Operación Cóndor. Algunas estimaciones indican que se pueden atribuir al Cóndor al menos 60,000 muertes; aproximadamente 30,000 de ellos en Argentina. Los llamados “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50,000 personas asesinadas, 30,000 desaparecidas y 400,000 encarceladas.
Desapariciones forzadas es un término utilizado para designar los delitos que violan múltiples derechos humanos y, cometidos bajo ciertas circunstancias, también son considerados crimen de lesa humanidad. Este crimen se caracteriza por privar la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o un grupo de individuos que actúan con su apoyo. Muchas veces las víctimas son mantenidas en cautiverio y torturadas para luego ser asesinadas.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
Las desapariciones forzadas, que en un inicio fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son, el derecho: a) al reconocimiento de la personalidad jurídica; b) a la libertad y seguridad de la persona; c) a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; d) a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; e) a una identidad; f) a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; g) a un recurso efectivo, con reparación e indemnización y h) a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición
Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, como para sus familias como: i) El derecho a la protección y a la asistencia a la familia; ii) El derecho a un nivel de vida adecuado; iii) El derecho a la salud y iv) El derecho a la educación.
En México, a partir de la guerra contra el Narcotráfico desde 2006 hasta el 16 de mayo de 2024, se han denunciado más de 100 mil casos de desapariciones forzadas, según informe del Instituto de Derechos y Democracia A.C.¹. (IMDHD)
Uno de los mayores actos de desapariciones forzadas, se perpetró en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, donde estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron atacados por agentes de la policía municipal dando como resultado 6 personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos y a casi 10 años de este hecho no se sabe con certeza qué ocurrió.
Jorge A. Rodríguez y Morgado, titular de la columna y el programa ConoSER bien. Twitter: @jarymorgado, correo electrónico: jarymorgado@yahoo.com.mx. Colaborador destacado de: Sabersinfin.com
Referencia:
https://www.imdhd.org/





























